Nueva regulación establecería requisitos y sanciones para profesionales de obras y lotificaciones
Una nueva normativa busca regular las responsabilidades de los profesionales y prestadores de servicios que intervienen en proyectos de urbanización, construcción y lotificaciones en El Salvador. La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial dictaminó a favor de crear la Ley Especial de Responsabilidad Profesional para las Personas Sujetas a Inscripción en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción.
La propuesta pretende establecer obligaciones específicas para quienes participan en el planeamiento, diseño, ejecución, supervisión, control y mantenimiento de obras y nuevas lotificaciones.
El Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción fue establecido mediante la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) en 2024. Con la nueva legislación se busca complementar ese registro mediante reglas que determinen las responsabilidades profesionales y técnicas de quienes participan en el desarrollo de proyectos.
Durante la discusión de la iniciativa, los diputados recibieron la opinión técnica de la directora ejecutiva de la DOT, Paola Bardi, quien explicó que el proyecto plantea una regulación integral para las diferentes etapas de las obras de urbanización, construcción y lotificaciones.
Bardi señaló que uno de los objetivos es garantizar que cada etapa de los proyectos tenga respaldo profesional y técnico, además de implementar un sistema de control centralizado que permita elevar los estándares de calidad a nivel nacional.
El registro estará dividido en categorías correspondientes a las áreas ambiental, auditoría urbana, construcción, cultural y tramitadores.
La propuesta también incorpora mecanismos de modernización y digitalización de los procesos. Entre ellos se encuentra la implementación obligatoria de la Firma Electrónica Certificada (FEC) y del Sello Electrónico Profesional, que serán utilizados para validar planos, memorias de cálculo, bitácoras y dictámenes técnicos.
Otro de los componentes será una plataforma pública de consulta en línea. Esta permitirá verificar la situación de los profesionales y prestadores de servicios inscritos, incluyendo si su registro está activo, suspendido o cancelado, además del estado de los trámites realizados.
La DOT también deberá desarrollar programas de formación continua sobre actualización normativa y sobre el uso del Sistema de Administración y Autorización de Permisos de Construcción y Lotificaciones. La aprobación o cumplimiento de estos procesos de formación será necesaria para renovar el registro profesional.
De acuerdo con Bardi, seis meses después de que la ley entre en vigencia, todo nuevo trámite que se realice en el sistema de la DOT tendrá que ser ingresado obligatoriamente por un tramitador debidamente registrado.
El presidente de la Comisión de Infraestructura, Salvador Chacón, sostuvo que la legislación busca establecer un nuevo orden dentro del sector. Explicó que actualmente cualquier persona puede asegurar que está capacitada para desarrollar determinadas actividades, situación que, según indicó, ha derivado en casos de estafas y problemas relacionados con obras que presentan deficiencias.
Requisitos para el registro
La propuesta establece requisitos específicos dependiendo del área en la que los profesionales o prestadores de servicios quieran registrarse.
En el área ambiental, los especialistas en estudios de evaluación de impacto y diagnósticos ambientales deberán acreditar al menos 80 horas de formación en Evaluación de Impacto Ambiental o haber aprobado asignaturas vinculadas con esta materia.
Además, deberán demostrar tres años de experiencia en su área profesional y dos años de experiencia en gestión ambiental.
Los auditores de evaluación ambiental tendrán que cumplir con estos requisitos y, adicionalmente, acreditar la realización de al menos tres estudios de impacto ambiental o diagnósticos ambientales aprobados.
En el área cultural también se establecen condiciones de formación académica y experiencia. Los especialistas en investigaciones arqueológicas o paleontológicas, así como los profesionales dedicados a la evaluación y restauración de patrimonio edificado, deberán contar con una maestría o doctorado en áreas relacionadas con arqueología, paleontología o biología.
También deberán demostrar cinco años de experiencia profesional.
La normativa incluye a profesionales extranjeros que participen en proyectos de construcción en El Salvador. En los casos en que sus servicios sean temporales o estén relacionados con una obra específica, podrán solicitar la homologación de registros similares obtenidos en otros países.
Régimen de sanciones
El proyecto de ley contempla tres categorías de infracciones: leves, graves y muy graves.
Entre las faltas graves se encuentra ejercer con el registro vencido, desarrollar actividades fuera de la especialidad registrada, incumplir normas técnicas o de seguridad y utilizar materiales que no cumplan con los estándares de calidad establecidos.
Las faltas muy graves estarán relacionadas con el ejercicio profesional sin contar con el registro correspondiente y con actuaciones de negligencia o impericia que generen consecuencias graves.
Las sanciones económicas dependerán de la gravedad de cada infracción. Las faltas leves podrán recibir multas de hasta un salario mínimo; las graves, de dos a tres salarios mínimos; y las muy graves, de cuatro a 20 salarios mínimos.
Bardi explicó que entre las conductas consideradas muy graves también estarán ejercer sin estar inscrito en el registro, presentar documentación falsa o alterada y provocar daños o lesiones como consecuencia de negligencia profesional.
En estos casos, las multas podrían alcanzar entre US$1,635.20 y US$8,176.
