Compra de sede propia marca un hecho histórico para el Tribunal Supremo Electoral
SAN SALVADOR, El Salvador.– El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó la adquisición del edificio que durante años funcionó como su sede bajo un contrato de arrendamiento, una decisión que marca un hecho histórico al convertir a la institución, por primera vez desde su creación, en propietaria de sus instalaciones.
La magistrada presidenta del organismo, Roxana Soriano, señaló que el Tribunal era la única autoridad electoral de Centroamérica que operaba en un inmueble alquilado, por lo que la compra representa un paso importante para fortalecer la estabilidad institucional y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de sus funciones.
La adquisición del edificio tuvo un costo de US$10.1 millones, una inversión que, según explicó el TSE, resulta más favorable que continuar pagando alquiler, ya que equivale a poco más de ocho años de renta.
La institución recordó que entre 2021 y 2026 el Estado desembolsó más de US$6.6 millones en concepto de arrendamiento, monto que supera las dos terceras partes del valor del inmueble adquirido.
De acuerdo con las proyecciones presentadas por el Tribunal, mantener el esquema de alquiler durante las próximas décadas habría representado un importante impacto para las finanzas públicas. Las estimaciones indican que el costo habría ascendido a US$12.3 millones en una década, US$20.8 millones en 15 años, US$29.6 millones en 20 años, US$39.5 millones en 25 años y cerca de US$50.8 millones en un período de 30 años, considerando el incremento de los costos operativos y la inflación.
Soriano destacó que la compra no solo permitirá reducir gastos a largo plazo, sino que también convertirá un pago recurrente en un patrimonio permanente del Estado salvadoreño, fortaleciendo la independencia del organismo electoral y ofreciendo mayor estabilidad para el desarrollo de sus responsabilidades constitucionales.
El Tribunal añadió que disponer de una sede propia contribuirá a mejorar la planificación institucional, optimizar el uso de los recursos públicos y consolidar un activo que permanecerá al servicio del Estado, reafirmando su compromiso con una administración eficiente y con el fortalecimiento de la democracia en El Salvador.
