Reforma busca facilitar expansión de empresas y elevar incentivos tributarios para grandes inversiones
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión aprobó un dictamen favorable para modificar la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, una normativa vigente desde enero de 2026 que establece incentivos tributarios para empresas que ya operan en El Salvador y buscan ampliar sus actividades.
La propuesta pretende ampliar el alcance de estos beneficios y facilitar nuevas inversiones en sectores estratégicos, con la expectativa de generar mayor crecimiento económico y más oportunidades de empleo.
Uno de los principales cambios consiste en modificar el requisito de antigüedad para acceder a los incentivos. Actualmente se establece un mínimo de 10 años de operación o inversión en el país, pero con la reforma este período se reduciría a cinco años.
Las inversiones que busquen acogerse a los beneficios deberán estar destinadas a ampliar actividades productivas consideradas estratégicas para la economía nacional. La lista incluye los sectores de textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, productos plásticos, calzado, productos químico-farmacéuticos, productos para la construcción y fabricación de papel y sus productos.
La reforma también plantea una modificación para los grupos empresariales, que podrían ser considerados como una sola unidad económica para efectos de recibir los beneficios, siempre que sus integrantes trabajen de forma coordinada.
La legislación vigente establece diferentes porcentajes de crédito tributario según el monto de la inversión. Las inversiones de entre US$1 millón y US$10 millones reciben un crédito del 10 %, mientras que las superiores a US$10 millones y hasta US$20 millones tienen un beneficio del 20 %. Para inversiones de US$20 millones o más, el crédito establecido es del 30 %.
Con la modificación, los grupos empresariales deberán alcanzar una inversión conjunta de al menos US$75 millones para acceder al porcentaje máximo del 30 %. Cada empresa que forme parte del grupo deberá realizar, además, una inversión mínima de US$1 millón.
Otro aspecto que cambiaría es la metodología para determinar el crédito tributario. La propuesta sustituye el cálculo basado en los resultados de los últimos 10 años por un promedio correspondiente a los últimos cuatro años, que deberá ser ajustado conforme a la inflación.
También se plantea flexibilizar las condiciones de exclusión de la normativa. De aprobarse, las empresas que hayan tenido incentivos que ya vencieron o que recibieron beneficios de carácter único y no permanente podrían acceder nuevamente a los incentivos establecidos en la ley para sus proyectos de expansión.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, defendió la iniciativa y afirmó que la ampliación de estos incentivos puede convertirse en un mecanismo para estimular la inversión y el empleo en El Salvador.
“Estamos convencidos que tendrán un impacto catalizador en el crecimiento de nuestra inversión y en el crecimiento del empleo”, expresó la funcionaria.
En cuanto a los resultados obtenidos desde la entrada en vigencia de la legislación, el presidente de INVEST, Rodrigo Ayala, informó que ya se contabilizan US$502 millones en expansión de inversiones, acompañados de más de 2,200 nuevos empleos directos y especializados.
La propuesta incluye además una disposición transitoria para los inversionistas que ya hayan obtenido la calificación de su perfil de inversionista y de su proyecto de expansión antes de que la reforma entre en vigencia. En esos casos, podrán aplicar la nueva metodología de cálculo del crédito tributario correspondiente al ejercicio fiscal 2026.
