enero 22, 2026
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Guatemala vivió este domingo una jornada de extrema violencia, marcada por ataques armados coordinados contra la Policía Nacional Civil (PNC), que dejaron siete agentes fallecidos y varios heridos, según información preliminar de las autoridades.

Los hechos se registraron en distintos puntos del país, principalmente en la ciudad capital y en municipios como Villa Nueva, Mixco y San Pedro Ayampuc, donde se reportaron al menos 13 atentados en contra de fuerzas policiales. Ante la gravedad de la situación, el Ejército fue desplegado para apoyar las labores de seguridad mediante patrullajes conjuntos.

Violencia ligada a crisis en el sistema penitenciario

La escalada de ataques estaría relacionada con motines simultáneos en centros penales estratégicos, entre ellos Fraijanes II, el Preventivo de la Zona 18 y Renovación I, en Escuintla.
De forma extraoficial, se señala que líderes de pandillas habrían ordenado los ataques como represalia a las recientes acciones del Gobierno para endurecer el control en las cárceles y eliminar privilegios a cabecillas.

Durante el fin de semana, las autoridades confirmaron la retención de guardias penitenciarios y personal administrativo, situación que generó un fuerte despliegue de seguridad. Aunque algunos sectores ya fueron retomados, la crisis aún no ha sido superada.

Gobierno activa medidas extraordinarias

Ante el clima de inseguridad, el Gobierno anunció medidas preventivas a nivel nacional. El Ministerio de Educación suspendió el inicio de clases para este lunes 19 de enero, mientras que varias municipalidades reportaron la cancelación de eventos públicos y restricciones en rutas de transporte.

El presidente Bernardo Arévalo informó que encabeza un comité de crisis y convocó al Consejo de Ministros para definir acciones urgentes, reiterando que el Estado no cederá ante presiones criminales.

Escenario político tenso

Esta crisis se desarrolla en un momento complejo para la administración de Arévalo, quien enfrenta fuertes cuestionamientos por el aumento de la violencia, además de una tensa relación con el Ministerio Público y demandas del sector privado para declarar un Estado de Prevención.

La población permanece en alerta mientras las autoridades buscan contener una situación que ha puesto en jaque la seguridad nacional.